Presupuestos Prorrogados: Cómo Gobernar una Empresa Cuando el País no Tiene Plan

Presupuestos Prorrogados: Cómo Gobernar una Empresa Cuando el País no Tiene Plan

Como personas implicadas en el mundo empresarial, vivimos obsesionados con la planificación. Elaboramos presupuestos anuales, definimos objetivos, asignamos recursos y medimos cada euro para garantizar la viabilidad y el crecimiento de nuestros negocios. Un presupuesto no es solo un documento; es nuestra hoja de ruta, la herramienta fundamental que nos permite tomar decisiones informadas.

Ahora, imaginemos que nuestra empresa decidiera no aprobar un nuevo presupuesto y, en su lugar, seguir operando con las mismas cifras y prioridades del año pasado, a pesar de que el mercado, la tecnología y las necesidades de nuestros clientes han cambiado. Sería, como mínimo, una negligencia.

Pues bien, eso es exactamente lo que ocurre cuando un país funciona sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La prórroga de los presupuestos del año anterior no es una simple anécdota política; es un ancla que frena la economía y genera una incertidumbre que impacta directamente en todo nuestro tejido productivo.

Esta parálisis se traduce en riesgos y oportunidades perdidas para la economía en su conjunto.

Las Implicaciones Reales de la Ausencia de Presupuestos

Más allá de los titulares, ¿qué significa para la economía real que el Gobierno opere con unas cuentas obsoletas?

1. Congelación de la Inversión Pública

El presupuesto prorrogado cubre los gastos de funcionamiento básicos, pero no contempla nuevas partidas de inversión. Esto significa que todos los nuevos proyectos de infraestructuras (digitales, de transporte, energéticas), así como los grandes contratos de servicios y suministros para la Administración, quedan en suspenso. Para las miles de empresas que dependen directa o indirectamente de la contratación pública, esto supone una paralización de su actividad comercial y una merma directa en sus previsiones de ingresos.

2. Freno a la Modernización y Pérdida de Competitividad

Un presupuesto es la principal herramienta de política económica de un país. Sin él, la nación entra en un modo de "piloto automático" con un plan obsoleto, lo que tiene consecuencias estratégicas graves:

• Parálisis de proyectos estratégicos: Se frena la capacidad de lanzar o dotar de nuevos fondos a iniciativas clave para la transformación económica, como los Proyectos Estratégicos (PERTEs) destinados a sectores como el vehículo eléctrico, los semiconductores o las energías renovables. La economía pierde impulso en las áreas que definirán la competitividad del futuro.

• Estancamiento frente a competidores: Mientras nuestro país se encuentra en parálisis, otras economías sí están aprobando sus cuentas, introduciendo incentivos fiscales a la innovación, planes de atracción de talento o ayudas para la transición energética. Cada mes sin un presupuesto nuevo es terreno perdido frente a nuestros competidores internacionales en la carrera por atraer inversión y capital humano cualificado.

• Deterioro de los servicios públicos: La falta de nuevas inversiones impacta en la calidad de servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia. Un sistema judicial lento, una sanidad con listas de espera o una educación sin recursos para la digitalización no son solo problemas sociales; son un lastre para la productividad y la eficiencia de toda la economía.

3. El Parche de los Reales Decretos: Una Solución que no es Solución

Ante este bloqueo, la herramienta a la que recurre el Gobierno es el Real Decreto-ley, una norma con rango de ley dictada en caso de "extraordinaria y urgente necesidad". Es el mecanismo utilizado para actualizar las pensiones y los salarios de los funcionarios o para aprobar paquetes de ayuda urgentes.

Sin embargo, gobernar "a golpe de decreto" es una solución deficiente que genera sus propios problemas:

• Es gestión reactiva, no estratégica: Un presupuesto es un plan proactivo y coherente. Un Real Decreto-ley es un parche reactivo. Equivale a dirigir una empresa solucionando únicamente los problemas urgentes del día a día, sin una estrategia de crecimiento, sin un plan de inversión y sin una visión a largo plazo.

• Crea un marco fragmentado e impredecible: La acumulación de decretos sobre materias diversas genera un rompecabezas normativo. Para una empresa, esta fragmentación dificulta la planificación, ya que las reglas del juego pueden cambiar con cada nuevo decreto, en lugar de estar consolidadas en una ley anual previsible.

• Perpetúa la inestabilidad política: Cada Real Decreto-ley debe ser convalidado en el Congreso, lo que traslada la negociación y la incertidumbre política del debate presupuestario a votaciones constantes a lo largo del año. La gobernabilidad se vuelve un esfuerzo continuo por asegurar apoyos para cada medida.

• Genera un costoso mercado de concesiones: Cada Real Decreto-ley debe ser convalidado en el Congreso. En un parlamento fragmentado, esto obliga al Gobierno a una negociación constante donde los partidos minoritarios, a menudo de ámbito territorial, exigen un "peaje político" a cambio de su apoyo. Estas cesiones (transferencias económicas, condonación de deuda, traspaso de competencias) se otorgan al margen de cualquier criterio de interés general. El impacto para el resto de España es doblemente negativo: por un lado, se genera un profundo agravio comparativo en otros territorios que no reciben esos beneficios; por otro, se rompe el principio de solidaridad y se financian con los impuestos de todos los ciudadanos medidas que solo favorecen a unos pocos. La política nacional se convierte en un mosaico de intereses particulares.

En definitiva, el Real Decreto-ley no sustituye a un presupuesto; es la evidencia de su ausencia.

Consideración Final: Cuando la Política se Antepone al País

La elaboración y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado debería ser el ejercicio de mayor responsabilidad de un gobierno y un parlamento. Es, en esencia, el "plan de negocios" de la nación.

Sin embargo, asistimos a una dinámica en la que la táctica política a corto plazo —el desgaste del adversario, el cálculo electoral, la cohesión de bloques parlamentarios— prima sobre esta responsabilidad fundamental. Cuando la negociación fracasa y se renuncia a aprobar unas cuentas, no es una victoria de un partido sobre otro; es un fracaso colectivo que pagamos todos.

La decisión de no seguir adelante con unos presupuestos por falta de apoyos parlamentarios es la manifestación más clara de cómo los intereses partidistas pueden secuestrar los intereses de un país.

La labor del sector privado es, ahora más que nunca, ser prudentes: revisar planes, fortalecer los flujos de caja y diversificar las dependencias del sector público. Porque, lamentablemente, cuando la política no hace sus deberes, nos toca redoblar el esfuerzo para proteger los nuestros.